Corrupción y democracia

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Viendo anoche el programa de Jordi Évole dedicado a la corrupción y siguiendo atentamente la entrevista que le hizo al Presidente del Parlamento danés Mogens Lykketoft, el único -y profundamente triste- pensamiento que se me vino a la cabeza fue el desencanto y la vergüenza que, como españoles, debiéramos sentir por la imagen que unos cuantos indeseables y despreciables paisanos -cada vez más numerosos- ofrecen al mundo. A Lykketoft se le preguntó sobre los casos de corrupción en Dinamarca, siendo el estupor y la sorpresa, reflejada en su rostro, la respuesta más inmediata: “Son muy pocos los políticos que se han aprovechado de su cargo para enriquecerse en Dinamarca. El ministro de Justicia del Gobierno actual tuvo que dimitir porque la mayoría parlamentaria dijo que había facilitado información errónea al Parlamento, y eso es inaceptable. Se tuvo que ir”. A continuación Évole fue cuestionando, a pie de calle, a ciudadanos de Copenhague si recordaban algunos casos de corrupción política en su país, a lo que la inmensa mayoría respondía con una tajante negativa, reconociéndolo como algo impensable en una sociedad moderna, democrática y desarrollada.

Por contra, la estadística muestra que en España hay más de 1.900 personas imputadas en causas abiertas por corrupción y al menos 170 han sido condenadas por este tipo de delitos en la última legislatura. No obstante, la mayoría de estos condenados no están en prisión, ya sea porque se les impuso una pena de cárcel que no les obligaba a ingresar, porque únicamente fueron inhabilitados o multados o porque aún tienen recursos pendientes.

Según Europa Press, entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado cargos en partidos políticos o en la Administración Pública -a todos los niveles- y también empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos ellos, principalmente por corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular tanto de personal como de empresas.

“Los casos de corrupción afectan sobre todo al PP y al PSOE, pero también a formaciones regionales como CiU, UM o Coalición Canaria. Algunos de los implicados han evitado dimitir alegando que aún no había finalizado la instrucción de la causa, pero a raíz de los resultados de las pasadas elecciones europeas del 25 de mayo los partidos se están viendo obligados a exigir dimisiones más rápido.”  (El Huffington Post, 2-XI-2104).

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© Antonio Fernández Ferrer

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